La Junta de Castilla y León insta a derogar la orden sobre la gestión del lobo

La Junta de Castilla y León insta a derogar la orden sobre la gestión del lobo.

Esta reclamación al Gobierno coincide con el planteamiento de la Comisión Europea de flexibilizar la normativa de protección de la especie. 

La Junta de Castilla y León insta al Gobierno de España en funciones a derogar la orden ministerial sobre la gestión del robo. Lo hace coincidiendo con las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el debate sobre los grandes carnívoros en la Unión Europea, en las que plantea la posible flexibilización de la normativa de protección de la especie. 

La Comisión ha invitado a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre de 2023 sobre la población de lobos y sus repercusiones. Sobre la base de los datos recogidos, la Comisión decidirá sobre una propuesta para modificar el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico, a fin de introducir una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie.

La protección del lobo en España ha generado una importante polémica, especialmente desde su inclusión en el LESPRE en septiembre 2021, y ha provocado la preocupación tanto para los ganaderos como para quienes defienden la conservación de esta especie emblemática. 

Desde noviembre de 2022, cuando el Parlamento Europeo tomó una decisión histórica en la que instaba a la adopción de medidas para flexibilizar su gestión y restablecer el equilibrio entre la conservación y las actividades económicas en el medio rural, se ha trabajado arduamente en este proceso. La preocupación por los crecientes daños causados por los lobos a la ganadería y la necesidad de controlar el aumento de su población en zonas muy humanizadas o con alta densidad de ganadería extensiva fueron factores clave que impulsaron esta iniciativa.

La propia Ursula von der Leyen, el 25 de noviembre, instruyó a los servicios de la Comisión para recopilar datos sobre esta cuestión, lo que marcó el inicio de un proceso de consulta y recopilación de información esencial. El 23 de junio, durante el Consejo de Ministros de Agricultura, Rumanía mantuvo la necesidad urgente de tomar decisiones al respecto. Varios países habían experimentado considerables daños a la agricultura y demandaban medidas concretas para abordar esta problemática, sumándose a la iniciativa. No fue el caso del Gobierno de España, que se colocó en una posición contraria.

Por otro lado, hay que recordar que el pasado mes de abril el consejero Juan Carlos Suarez-Quiñones, junto con sus homólogos de Asturias, Cantabria y Galicia, comunicaron al comisario europeo de medio ambiente que los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la Comisión sobre las poblaciones del lobo no se correspondían con la información que tenían las regiones españolas responsables de la gestión de esta especie.

Desde Castilla y León se ha realizado una intensa gestión en las Instituciones Europeas, Comisión, Parlamento Europeo, lobbies europeos, para trasladar la problemática, que consideran que pone en peligro la subsistencia de la ganadería extensiva en Castilla y León y, por tanto, la de la población en el medio rural, ante la acción del Gobierno. 

De hecho, el pasado 23 de julio el consejero de Medio Ambiente de la Junta fue invitado a un encuentro en el Comité de las Regiones para debatir este problema con representaciones de otros Estados de la Unión Europea. En él se puso de manifiesto la preocupación mayoritaria por la falta de control de las poblaciones de los grandes carnívoros, oso y lobo, y los daños que estaban causando a la ganadería y también, en cuanto al oso, a las personas.

El consejero ha declarado que este día “marca un hito relevante no sólo para la ganadería, sino también en la conservación del lobo, ya que está demostrado que las estrictas medidas de protección no solo generan conflictos sociales, amenazan la ganadería y son causa de despoblación, sino que tampoco contribuyen al aumento estable de la población de lobos”. 

Por tanto, ha instado a la ministra en funciones Teresa Ribera a la derogación de la Orden Ministerial de inclusión del lobo en el LESPRE y a alinearse con la imparable corriente europea para recuperar y reforzar el papel de las administraciones, especialmente de las regionales, como competentes en España en la materia, para recuperar el equilibrio entre conservación favorable de la especie y la actividad económico-social en el medio rural.

Fuente: Diario de Valderrueda

Fotografía: Archivo - Lobo