La Junta de Castilla y León defiende la flexibilización de la protección del lobo en Europa
La Junta de Castilla y León defiende la flexibilización de la protección del lobo en Europa.
El consejero de Medio Ambiente ha expuesto de nuevo la posición al respecto de la administración autonómica en un simposio europeo.
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, participó ayer en el simposio europeo 'Lobo y ganado en España: Hacia una solución europea', en el que expuso de nuevo la posición de la Junta de Castilla y León, y de las comunidades de Aragón, Cantabria, Galicia, La Rioja, y Madrid, defendiendo la necesidad de flexibilizar el régimen de protección del lobo ibérico en Europa.
Suárez-Quiñones se apoyó en los recientes datos del censo del lobo, elaborados por el personal de la Junta de Castilla y León, que han expuesto el incremento del 8% de las manadas de lobo en la Comunidad, con 14 nuevas respecto del censo de 2012-2013. Al norte del río Duero estos datos representan un aumento del 4% de las manadas, pasando de 152 a 158, y de un 30% de crecimiento al sur, pasando de 27 a 35.
Contando con los datos de las CCAA a las que representaba y que también facilitaron los datos de sus censos, concluyó que, a falta de la presentación oficial del censo nacional, la población de lobo ibérico en España ha crecido en la última década entorno al 12%.
Por tanto, planteó que estos datos avalan "el estado de conservación favorable de la especie", que crece tanto en número como en extensión territorial, y que son, sin duda, "el mejor aval para la modificación del estatus legal del lobo".
La Junta de Castilla y León insistió en que este cambio mejorará "su capacidad de gestión de la especie", asegurando que estas medidas permitirían "un manejo más eficiente del lobo en consonancia con las necesidades del territorio y las directrices europeas".
El consejero también recordó que al norte del río Duero la flexibilización en la gestión no necesita un cambio en el estatus legal del lobo, puesto que su protección es una medida nacional adoptada por el Ministerio de Transición Ecología y Reto Demográfico y que está en sus manos el revertirla.
Directiva EUDR (Reglamento Europeo contra la Deforestación)
En consejero aprovechó la visita para reunirse con el representante de la Representación Permanente de España en Bruselas (REPER), y además de exponer la posición de Castilla y León respecto al tema del lobo, también planteó la posición de la Junta sobre la directiva EUDR, el reglamento que busca garantizar que los productos comercializados en la UE no contribuyan a la deforestación ni a la degradación de los bosques, siendo un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
La Junta considera acertada la decisión de posponer un año la aplicación del reglamento, dado que ni la Comisión Europea, ni los Estados Miembros, ni las empresas están suficientemente preparados para su cumplimiento efectivo. Este tiempo adicional es esencial para adaptar los procedimientos y garantizar su viabilidad.
La administración autonómica considera que la aplicación del reglamento debe ser flexible y ajustada a los objetivos planteados, evitando que genere cargas administrativas excesivas, ya que estas podrían comprometer la competitividad de las empresas o incluso hacer inviable su cumplimiento debido a la complejidad de las exigencias.
Aunque la competencia en esta materia no recae exclusivamente en las comunidades autónomas, la Junta solicita tanto a la Comisión Europea como al Gobierno de España que se dispongan los recursos necesarios, incluida financiación, para que las administraciones regionales puedan asumir su papel en la implementación del reglamento.
Las empresas de Castilla y León han expresado su inquietud por las exigencias del reglamento y han solicitado simplificar las cargas administrativas. Advierten que, de no lograrse esta simplificación, podrían enfrentar serias dificultades para cumplir las normativas, lo que pondría en riesgo su continuidad.
De esta manera la Junta ha reafirmado su compromiso de colaborar en el desarrollo de normativas que equilibren la protección medioambiental con la sostenibilidad económica y social del tejido empresarial.
Fuente: Diario de Valderrueda
Fotografía: Archivo - DDV