Diario de Valderrueda
El Consejo de Ministros aprueba el estatuto del Instituto de Transición Justa
lunes, 14 de junio de 2021, 08:04
ECONOMÍA - MINERÍA

El Consejo de Ministros aprueba el estatuto del Instituto de Transición Justa

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El Consejo de Ministros aprueba el estatuto del Instituto de Transición Justa.
El objetivo es minimizar los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación en las cuencas mineras y buscar proyectos para transformar estas zonas.


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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se aprueba el estatuto del Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo del MITECO que nace con el objetivo de identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario de los trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios y optimizando las oportunidades del proceso de transformación.


El Instituto para la Transición Justa es el organismo responsable de la elaboración e implementación de la Estrategia Española de Transición Justa, aprobada por el Gobierno en 2019 para maximizar las oportunidades de empleo de la transición hacia un modelo neutro en emisiones. El documento está alineado con el resto de piezas que componen el Marco Estratégico de Energía y Clima, como la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) 2050, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 o el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra en su última fase de tramitación.


En este sentido, la Estrategia identifica y se alinea con las áreas del PNIEC con mayores oportunidades de creación de empleo y contempla propuestas para mejorar el acompañamiento a las empresas, adaptando los instrumentos de apoyo de la Administración General del Estado (AGE) e impulsando planes de acompañamiento para la transición en la industria y en otros sectores que refuercen la competitividad industrial.


El documento impulsa el diseño de políticas industriales, de investigación y desarrollo, de promoción de actividad económica, de empleo y de formación profesional para asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente beneficioso para todos.


Entre los principales objetivos de la Estrategia se encuentran, entre otros, facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad y cohesión social generados por la transición ecológica de la economía, garantizar un aprovechamiento igualitario de las oportunidades, promover foros de participación sectoriales, evaluar y mejorar los actuales instrumentos de la AGE de apoyo a la empresa, proponer políticas de apoyo adecuadas para el trabajo coordinado de las administraciones públicas y minimizar los impactos negativos en las zonas vulnerables a través de Convenios de Transición Justa y del Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre.


CONVENIOS PARA ACTIVAR EL TERRITORIO


La principal herramienta con la que contará el ITJ para elaborar e implementar la Estrategia serán los Convenios de Transición Justa, que servirán para mantener y crear actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, fijar población en zonas rurales o con instalaciones en cierre y promover la diversificación y especialización coherente con el contexto socio-económico.


El objetivo de los convenios es desarrollar proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo y que dinamicen la transición ecológica. Estos documentos tendrán en cuenta la necesidad de mejorar la empleabilidad y las condiciones laborales de las mujeres y de los colectivos con problemas de acceso al mercado laboral como parados de larga duración, personas con discapacidad o población en riesgo de exclusión social, e involucrarán a los jóvenes del territorio para fomentar su participación en las decisiones que puedan afectar su vida en el mismo.


DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS


Según lo dispuesto en el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del MITECO, el organismo autónomo Instituto para la Reestructuración del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, O.A, pasa a denominarse Instituto para la Transición Justa, O.A. Todas las competencias del antiguo organismo en el ámbito de la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras se mantendrán y pasarán a enmarcarse dentro del ámbito más amplio de la transición justa, si bien contarán con los elementos de actuación específicos para el ámbito de la minería del carbón.


De este modo, el ITJ seguirá implementando el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, suscrito el 24 de octubre de 2018 entre el MITECO y la central sindical UGT-FICA, la Federación de Industria de CCOO, la Federación de Industria de USO y la agrupación de empresarios del sector, CARBUNIÓN, que establece las bases para una transición justa de la minería del carbón y un desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Pero, además, el ITJ tiene competencia para abordar otros desafíos como el cierre de centrales térmicas de carbón y de centrales nucleares sin planes de reconversión previos, entre otros.


ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA


El ITJ se configura como un organismo dependiente del MITECO a través de la Secretaría de Estado de Energía. Desde el punto de vista organizativo, el Real Decreto publicado hoy determina que los órganos de gobierno del ITJ serán la Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía y, el Consejo Rector. Los órganos ejecutivos, por otro lado, serán la Dirección -que tiene rango de dirección general-, la Gerencia y la Subdirección General de Estrategia y Planificación.


En el marco del ITJ también se crea un Consejo Asesor, integrado por representantes de departamentos ministeriales, comunidades autónomas, entidades locales y representantes de la sociedad civil, cuya función principal es dar asesoramiento y evaluar el impacto de las políticas de transición justa que pondrá en marcha el Instituto.


La norma también fija las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que deben acompañar la actividad de cualquier organización pública.


Fuente: Diario de Valderrueda

Fotografía: Gobierno de España


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