UPL cuestiona a la Junta por no contratar a vigilantes de incendios todo el año

UPL cuestiona a la Junta por no contratar a vigilantes de incendios todo el año. 

La formación leonesista recuerda que fue uno de los compromisos adquiridos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en septiembre de 2022.

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León en las que cuestiona a la Junta el motivo por el cual no ha contratado a todos los Vigilantes de Incendios Forestales durante los 12 meses del año, pese a ser uno de los compromisos que adquirió la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asumió dicho compromiso tras los devastadores incendios del verano de 2022, especialmente los que afectaron a la Sierra de la Culebra, que demostraron “los insuficientes operativos antiincendios”, tal y como recuerdan desde la formación leonesista. 

Así, en aquel ‘Acuerdo de la Comisión de Seguimiento en materia forestal del Diálogo Social para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León 2023-2025’, la Junta se comprometían a variar el operativo y consignar medidas como la de contratar los 12 meses del año para el 2025 a los vigilantes de incendios forestales.

Sin embargo, según apuntan desde UPL, “la propia institución autonómica ya ha informado a algunos de ellos que finalmente no se hará llamamiento de todos”.

Para justificar el incumplimiento de dicho acuerdo, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, aprobaba una Resolución en diciembre de 2024 en la que señalaba que hay “muchos Puestos de Vigilancia contra incendios que considera innecesarios”, apuntando a que en algunos casos serían sustituidos por tecnología, esto es, cámaras de vigilancia.

A este respecto, los leonesistas afirman que en total serían 34 los Puestos “que la Junta pretende suprimir en la Región Leonesa, 18 en Zamora, 12 en León y 4 en Salamanca), a los que habría que sumar los que pretende suprimir en Castilla, tratándose en algunos casos de Puestos ubicados en zonas con mucha masa forestal, con orografía escarpada y con vigilancia sobre áreas naturales protegidas”.

Además, en otros como los de Villablino, Ancares, Riello, La Robla, Garrafe de Torío y Valderrueda, en la provincia de León, “pretenden suprimirse plazas de vigilantes, que en el conjunto de la comunidad autónoma prácticamente quedarían reducidos a la mitad de los actualmente existentes”.

Las labores de los Vigilantes de Incendios Forestales son muy amplias, pero en la mencionada Resolución el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal se ciñe únicamente a la vigilancia en época de peligro alto de incendios. 

En este sentido, los puestos de trabajo que se pretenden eliminar, asegura la formación leonesista, son de personas “que trabajan en zonas rurales”, y la Junta justifica la decisión “como una medida de ahorro de dinero público, señalando en la Resolución que  supone un gasto público innecesario”.

Mientras, por el contrario, “apuntan a que se incrementará el gasto en cámaras de vigilancia, en las que se llevan gastados varios millones de euros, licitándolas a empresas privadas. En el caso de la provincia de León no han detectado ningún incendio desde su instalación en el año 2016, pudiendo considerarse por ello que su efectividad es bastante cuestionable”, destacan desde UPL.

Por tanto, preguntan a la Junta por la eficacia de las cámaras de vigilancia contra incendios o cuántos incendios forestales han sido detectados en su inicio en cada provincia por dichas cámaras, y a su vez, cuestionan el coste de adquisición de las cámaras de vigilancia y a qué empresas y cuánto importe se ha pagado por su adquisición. 
 

Fuente: Diario de Valderrueda

Fotografía: Incendio forestal - Archivos - ULE