COAG reclama la apertura de un debate sobre el modelo de agricultura y ganadería

COAG reclama la apertura de un debate sobre el modelo de agricultura y ganadería.  
La organización ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las 100 medidas que considera necesarias para la nueva legislatura.  

En el marco de negociación de la futura Ley de Agricultura Familiar, anunciada en la sesión de investidura por el presidente del Gobierno, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha elaborado un documento con las 100 medidas que consideran necesarias para la nueva legislatura 2023-2027, que ya ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 

De esta forma, reclaman la necesidad de proteger y reforzar modelo social y profesional de agricultura. “La definición de un modelo de agricultura y ganadería socialmente necesarias pretende proteger a las personas que mantienen las explotaciones más vulnerables, imprescindibles para garantizar nuestra alimentación y soberanía alimentaria en un contexto de crisis climática y energética. Protegerlas frente a una agricultura y ganadería inserta en largas cadenas de comercio global, financiada con grandes capitales y/o fondos de inversión, que acaparan recursos naturales limitados”, ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.  

Alertan de que la producción agraria actual se está viendo alterada de forma radical, lo que puede desembocar en la desaparición del modelo social y profesional de agricultura. Consideran que la presión a la baja de los precios agrarios, la desregulación del mercado, las importaciones de choque, o la subida de los costes de producción colocan al sector en una situación de “desventaja y debilidad frente a las grandes extensiones e inversiones especulativas que campan a sus anchas en un mercado desregulado óptimo para la especulación”. 

“Esto agrava el relevo generacional, el abandono del sector y la despoblación del medio rural”, ha afirmado Padilla al tiempo que ha avanzado que el nuevo gobierno deberá posicionarse ante una cuestión crucial: “¿La producción, la tierra y el agua en manos de fondos de inversión especulativos o de pequeños y medianos agricultores y ganaderos profesionales que generan vida en nuestros pueblos y vertebran el medio rural de forma sostenible?”.

Para COAG, esta legislatura y la Ley de Agricultura Familiar “deben poner las bases y medidas para frenar la reconversión y provocar una gran incorporación de jóvenes a la agricultura”. Para ello, creen que es imprescindible limitar la entrada de esos fondos de inversión y la especulación con la producción, la tierra y el agua. 

Entre sus 100 medidas destacan cuatro líneas estratégicas: garantizar en primer lugar el derecho a una alimentación sana para todas las personas, mayores costes y mercados más volátiles, es decir, la seguridad alimentaria; en segundo lugar, esto deberá hacerlo de forma sostenible, preservando el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, el suelo, el aire y contribuyendo a la mitigación del cambio climático (a la vez que se adapta a sus adversos efectos en la producción); en tercer lugar deberá ser más eficiente en el uso de los recursos, para lo que necesitará recurrir a la innovación y especialmente, en el caso de la energía, a fuentes renovables; y en cuarto lugar, hacer suya la ley de la cadena, denunciando su incumplimiento, extendiéndola a todas las producciones, haciendo valer que los precios cubran los costes de producción y la amplitud de las normas de la ley. 

“Ante estos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios de la PAC, que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado en el último marco financiero de la UE, en un escenario de nuevas exigencias dentro del Paquete Verde, que supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos”, denuncian.  

En este contexto COAG demanda y reivindica: unos precios justos y unas rentas dignas para los hombres y mujeres del campo, mecanismos de gestión y regulación de mercado que afronten las situaciones de crisis, bien dotados y financiados al margen de las ayudas directas, y recuperar el principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones sin control que no cumplen las normas comunitarias. 

Además, piden un período de adaptación para asumir los importantes cambios que se producirán, con un apoyo importante tanto en ayudas como en inversiones, formación y asesoramiento; un abanico de actuaciones en lo que concierne a los costes de producción, cuya tendencia al alza ha reducido la rentabilidad del sector los últimos lustros; y la incorporación de un mínimo de 10.000 nuevos agricultores y agricultoras cada año, facilitando todos los instrumentos necesarios para ello, sobre todo el acceso a la tierra, principal dificultad para la instalación. 
 

Fiente: Diario de Valderrueda

Fotografía: Archivo - Agricultura