Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia llevan al Gobierno a los tribunales por la gestión del lobo

Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia apelan a la unidad para defender la ganadería frente a la acción del Gobierno que hurta a las CCAA la gestión y conservación del lobo, e inician recurso judicial para paralizar su inclusión en el LESPRE.

Los consejeros de las cuatro comunidades autónomas con mayor presencia lobera de España se han reunido hoy en Santander con el fin de coordinar las acciones a llevar a cabo con el fin de suspender la orden ministerial que incluye el lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) mediante el inicio del proceso de recurso judicial ante la Audiencia Nacional.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha participado hoy en Santander en una reunión con sus homólogos en materia de medio ambiente de Cantabria (el anfitrión, Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), Galicia (Ángeles Vázquez, consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda), y Asturias (Alejandro Jesús Calvo, consejero de Desarrollo Rural), con el fin de coordinar acciones contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 21 de septiembre pasado, por la que se incluye el lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) lo que impide a las Comunidades Autónomas su gestión. Los Consejeros comunicaron el inicio del proceso de recurso contencioso-administrativo de cada comunidad autónoma ante la Audiencia Nacional contra esta Orden Ministerial, para que la también se piden medidas cautelares para que se suspenda su ejecutividad.

En la reunión también han participado los representantes nacionales de las organizaciones profesionales agrarias UPA (Román Santallana, secretario general), ASAJA (Pedro Barato, presidente nacional, acompañado por Donaciano Dujo, secretario regional de Castilla y León) y COAG (Charo Arredondo, responsable de ganadería), quienes también han anunciado un recurso judicial contra dicha Orden Ministerial, movilizaciones en la calle y acciones para explicar a los ciudadanos del medio urbano y rural el perjuicio que esta decisión del Gobierno traerá para el sector agropecuario y para el medio rural.

Orden del Gobierno que va más allá de la Directiva europea Hábitat

Asimismo, los representantes de las cuatro CCAA han anunciado que pedirán una reunión con el comisario europeo para el Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ya que, en palabras de Suarez-Quiñones, esta orden ministerial va más allá de la Directiva Hábitats y de la acción que la Comisión Europea inició en 2018 para una interpretación más flexible que concilie mejor su aplicación con las consecuencias económicas y con la lucha contra la despoblación, justo lo contrario que va a producir la aplicación de la Orden Ministerial. Además la Directiva atribuye capacidad de gestión de la especie al norte del rio Duero, que precisamente la Orden Ministerial hurta a las Comunidades Autónomas, competentes en gestión de la biodiversidad. Y ha sido esta gestión, en el marco del consenso, con los Gobiernos de España, ahora roto, en el que se han alcanzado en Castilla y León y España las mayores poblaciones de lobo de Europa.

Buen estado de conservación del lobo gracias a la gestión de las CCAA

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que claro que estamos “ante un debate de conservación del lobo, que es nuestra competencia”, pues “Las CCAA aquí presentes -ha añadido- somos las que hemos conservado y protegido el lobo con nuestros planes de conservación y gestión de la especie, hasta alcanzar las mejores poblaciones del lobo de Europa, que están en España y en concreto en nuestras comunidades autónomas”.

A este respecto, Suárez-Quiñones considera que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “se acaba de cargar el modelo de gestión que hay llevado al lobo a esas mejores poblaciones de Europa; un modelo que no era sencillo, pero que ha logrado el equilibrio entre conservación y pervivencia del medio rural”. “Por tanto -añadió el consejero-, esta Orden Ministerial ataca directamente, no sólo a la pervivencia de nuestros pueblos y el medio rural, sino a la propia pervivencia del lobo -continuó-, una conservación estricta por sí sola no garantiza la conservación de la especie, sino al contrario, como se ha comprobado con la reciente desaparición de las poblaciones de lobo en territorios donde ya regía esta protección estricta por decisión europea, como son los territorios de Sierra Morena o el vecino Portugal, con poblaciones peores que las de sus vecinos que son Galicia y Castilla y León”.

Asimismo, el consejero de Castilla y León ha señalado que “se ha limitado de forma incomprensible, e incompatible con el modelo político y territorial autonómico, las posibilidades de gestión de la especie del lobo, que la propia Directiva Hábitat, muy exigente, permite a los territorios al norte del río Duero. Es un claro ataque a la soberanía y competencias autonómicas”. También considera que esta decisión del Gobierno es un ataque a los acuerdos entre Estado y Comunidades Autónomas al saltarse la Estrategia Nacional que de forma consensuada nos dimos en 2005, una Estrategia aún vigente y claramente vulnerada por la Orden Ministerial; no han respetado ningún límite, siendo el primer Gobierno que acaba con el consenso histórico de todos los Gobiernos de la democracia y las Comunidades Autónomas a la hora de tomar decisiones normativas y estratégicas o de planificación sobre la biodiversidad”.

En la misma línea que los otros tres representantes de Asturias, Cantabria y Galicia, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León ha dicho que “estamos deseosos de que el Gobierno aclare cómo es que la ministra publicita existir 20 millones de euros para la ejecución de esta Orden Ministerial, sin que se aclare de dónde salen presupuestariamente y a qué finalidades van y quien los va a gestionar, cuando en la memoria económica obligatoria que acompaña la orden aparecen sólo 25.000 € al año de gasto económico  para su ejecución”.

Por el futuro de la ganadería y el medio rural

En definitiva, insistiendo en que la ministra no tenga miedo a hablar con las Comunidades Autónomas, y reiterar el ofrecimiento de diálogo que han mantenido durante meses, caído en saco roto -ha concluido Suárez-Quiñones-,  confiamos en la Justicia plenamente, último bastión de la defensa de los derechos de nuestra gente y nuestro territorio, que pueda frenar esta acción política autoritaria y tan perjudicial para nuestras Comunidades.

Fuente: Diario de Valderrueda

Fotografía: Lobo Ibérico - Manuel Ramos - JCYL