Las ayudas al alquiler de vivienda en Castilla y León llegará a 12.237 personas con 20,3 millones

La Junta de Castilla y León resuelve las subvenciones al alquiler de vivienda por importe de 20,3 millones de euros.

Los beneficiarios incluidos alcanzan los 12.237, a los que hay que sumar otros 994 que, cumpliendo también los requisitos, serán atendidos en una próxima Resolución. El total de solicitudes presentadas a esta convocatoria de 2020 ha sido de 20.056.

Del total de beneficiarios, el 61% son mujeres, el 28% son jóvenes menores de 35 años, el 7% mayores de 65 años.

El importe medio de la subvención es de 1.657 euros.

El importe concedido en subvenciones al alquiler de vivienda en el período 2014-2020 asciende a 86,3 millones de euros.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha dado a conocer hoy la Resolución de la convocatoria de las subvenciones al alquiler en la Comunidad correspondientes al año 2020, que se publicará en el BOCYL del próximo jueves, día 11 de febrero de 2021, y cuyo objeto es facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos recursos económicos.

El consejero se ha referido a los datos pormenorizados de la resolución, cuyos listados se podrán consultar en la página web de la Junta de Castilla y León, en los Servicios Territoriales de Fomento de cada provincia, en el teléfono 012 (983 327 850) y en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

El total de beneficiarios este año que cumplen los requisitos exigidos asciende a 13.231; de ellos, 12.237, el 92,49%, recibirán la ayuda próximamente por ser los más necesitados, y otros 994, el 7,51%, quedarán a resultas del sobrante de fondos después del proceso de justificación del cumplimiento de requisitos de ese primer listado.

Otros datos de interés que refleja la Resolución son:

El importe medio de subvención de la lista principal asciende a 1.657 euros, muy similar a la del año anterior.

Del total de beneficiarios, 7.457 son mujeres (61%), mientras que 4.780 son varones (39%).

Del total de beneficiarios, 3.441 son jóvenes menores de 35 años (el 28,12%), lo que en términos económicos supone 6.778.996 millones de euros, (el 33,42% del total), que recordemos reciben no un 40% de la renta anual, como los demás, sino el 50% de la renta anual, al igual que los mayores de 65 años.

Del total de beneficiarios, 856 son mayores de 65 años (7%). El importe destinado a mayores asciende a 1.601.417 euros (el 7,89% del total).

El 64,12% de los beneficiarios tiene ingresos inferiores a 1 vez el IPREM (7.519,59 euros).

El presupuesto destinado por la Junta de Castilla y León a estas ayudas al alquiler en 2020 ha sido por primera vez de 20.287.947 euros, disponiendo ya de cinco millones de fondos extraordinarios. Desde 2018 la convocatoria ha venido contando con un presupuesto inicial de 15,3 millones de euros y posteriormente la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el fin de atender a todos los solicitantes que cumplían los requisitos, venía incorporando partidas extraordinarias para atender a la totalidad de los beneficiarios (en 2018 fue de 3,2 millones y de 4,8 millones en 2019) en hasta tres listas de repesca. De esta forma, este año, aunque haya 994 familias que no están en la lista inicial, todo apunta a que no sea necesario incrementar la partida presupuestaria y por tanto a que, en próximas fechas, una vez determinado el resultado de la fase de justificación del cumplimiento de requisitos, estas familias reciban la subvención.

La convocatoria que se ha resuelto hoy mantiene las mejoras que se introdujeron en 2018, que serán idénticas hasta la convocatoria de este año 2021. Cubren el 40% de la renta mensual, excepto en el caso de los menores de 35 años y los mayores de 65, en el que se cubrirá el 50 % del total a pagar cada mes; se ha incrementado los ingresos de las unidades de convivencia que pueden solicitar la subvención, pasando de 2,5 a 3 veces el IPREM; se han incrementado las cuantías de las rentas máximas mensuales, pasando de 350 en el medio rural y 475 euros en capitales con rentas más caras a 375 en el medio rural y 500 euros en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid respectivamente.

Los criterios de valoración recogidos en la convocatoria establecen la preferencia para aquellas unidades de convivencia con menores ingresos y mayor número de miembros y la existencia de menores de 16 años.

Los 12.237 primeros beneficiarios recibirán un SMS de la Junta de Castilla y León con la advertencia de que disponen de un mes para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses subvencionables, de enero a diciembre de 2020 ambos incluidos.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado el hecho de haber incorporado 5 millones de euros a la convocatoria de 2020, “lo que agilizará el pago de las ayudas al incorporarse ya a la lista principal la práctica totalidad de los beneficiarios”. En la convocatoria de 2019 hubo 9.056 beneficiarios y 4.979 solicitantes con informe favorable quedaron en lista de reserva, que precisaron dos momentos posteriores para su pago, mientras que en la convocatoria de 2020 hay 12.237 beneficiarios, y tan solo 994 solicitantes con informe favorable que quedan a la espera de conocer qué expedientes de la lista inicial no presentan justificantes de pago de las rentas para con el sobrante hacer pago a estas familias. En anteriores convocatorias, cerca de un 10 % aproximadamente de las personas con derecho reconocido, posteriormente no justificaron el cumplimiento de los requisitos.

“La Junta está al lado de los que menos tienen, dado que el 64% de quienes reciben las ayudas tienen ingresos familiares inferiores a un IPREM (7.519,59 euros anuales); al lado de la juventud de menos de 35 años, que reciben 6,7 millones de euros de ayudas, el 33,4% del presupuesto total, y de los mayores de 65 años, que también son un colectivo preferente”, reafirmó Suárez-Quiñones.

Una política que, además, contribuye a la seguridad en el pago de los alquileres, dado que se exige la justificación del pago bancario de los mismos, fomentando con ello la puesta de vivienda en el mercado de alquiler, incremento de oferta que contribuye a la estabilización de los precios del alquiler. La exigencia de justificación bancaria del pago de la renta, además, contribuye a la regularidad fiscal de este sector de rentabilidad inmobiliaria.

Fuente: Diario de Valderrueda

Fotografía: JCYL