Sanciones por retirar uralita sin autorización

Ya es común leer y ver en los medios de comunicación las consecuencias legales de retirar uralita sin permiso y por cuenta propia. Aunque puedan parecer incidentes aislados o poco frecuentes, en realidad ocurren con bastante asiduidad.

Sobre este tema, existe un estatuto que regula las diversas sanciones por la retirada de uralita en Córdoba sin autorización y por personal que no esté debidamente capacitado para tratar con este material. En estos casos, conviene contar con expertos como los de la empresa Global Amianto que posee las certificaciones legales, la capacidad operativa y el recurso humano experimentado para hacer este trabajo.

Hacer esto da lugar a sanciones y posibles repercusiones penales. El estatuto LISO 5/2000 contra las infracciones del orden social sirve de marco jurídico principal para tratar con la uralita.

¿Qué es la uralita y qué daños ocasiona?

Cuando se habla de uralita, se piensa en techos ondulados de un material semejante al cemento. Pero, uralita no es una sustancia, sino una marca española que fabricaba estas láminas y otros componentes que tienen varios minerales entre los que destaca el amianto, muy dañino para la salud humana.

A la uralita o amianto también se le conoce como asbesto. La inhalación de estas fibras puede provocar dificultades respiratorias, cáncer de pulmón o mesotelioma (otra enfermedad relacionada con la exposición al amianto también llamada asbestosis).

Es poco probable que los niños desarrollen estas enfermedades porque normalmente no se manifiestan hasta muchos años después de la exposición original al amianto.

En todo caso, este material ya no se fabrica y se está erradicando de entornos urbanos y rurales, pero para retirarlo se debe hacer con equipo de seguridad como ropa, guantes, gafas y mascarillas y solo personal con certificación legal para hacerlo.

¿Qué sucede si no se llama a los expertos para retirar la uralita?

La ley establece tres niveles diferentes de castigos o hechos punitivos para empresas de construcción y/o reformas:

1.- Sanciones económicas

Se trata del resultado del incumplimiento de los requisitos preventivos o de seguridad establecidos en el plan de trabajo necesario antes del inicio de la obra. Consistirán en multas o sanciones económicas.

2.- Sanciones penales

Cuando se considera que la contaminación por amianto es un problema sustancial e inmediato para un grupo humano o para la sociedad, se está hablando de una sanción preventiva en esta situación.

En estos casos, no se detendría el trabajo que se está llevando a cabo, sino que se paralizan las operaciones totales de la empresa hasta que se establezcan las precauciones de seguridad necesarias. Sugiere una multa monetaria y tal vez, repercusiones legales de índole penal.

3.- Cierre temporal o definitivo

Este es el caso más peligroso. Sucede cuando la intervención se debe a circunstancias excepcionalmente graves, se clausuraría la obra por tiempo indefinido y hasta que se determinen ante los tribunales las responsabilidades correspondientes.

Conlleva importantes sanciones económicas y posibles consecuencias penales como la imposibilidad de seguir funcionando.

¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para retirar uralita?

Cualquier empresa que desarrolle su actividad profesional en el ámbito de la retirada de amianto debe atenerse a la normativa existente.

El asbesto o uralita es un material extremadamente perjudicial para la salud, por lo que cualquier interacción con él debe estar siempre bajo estrictas normas de seguridad y protocolos de actuación. Por ello, la normativa es muy exigente en este sentido.

Si una empresa no está inscrita en el RERA, requisito indispensable, no podrá retirar el amianto. Todo lo que implique la manipulación de amianto está prohibido sin este registro.

Sin la posesión de un código NIMA, el documento de aceptación de residuos facilitado por la instalación encargada de deshacerse de la basura, no se permitiría su desplazamiento en transporte, y el documento de control y seguimiento son los que obliga la ley.

Estos son solo dos requisitos de ley que son fácilmente demostrables a través de los certificados. Sin embargo, hay una serie de reglas que cumplir (de tipo operativo) para desmontar estas láminas o cualquier otro componente estructural hecho de este material.