El Ayuntamiento de Crémenes tampoco cumple con el Procurador del Común

El Ayuntamiento de Crémenes tampoco cumple con el Procurador del Común.

En año y medio, el Consistorio de la Montaña Leonesa hizo caso omiso hasta en quince ocasiones (incluida una falsa respuesta) a escritos remitidos desde la institución autonómica.

Siguen las polémicas en uno de los ayuntamientos de la Montaña Oriental.

En un intervalo de año y medio aproximadamente, el Ayuntamiento de Crémenes, hasta en quince ocasiones (incluida una falsa respuesta) hizo caso omiso a otros tantos escritos remitidos por el Procurador del Común en torno a una queja recibida desde la pedanía de Valdoré. Según se desprende de la lectura de las resoluciones, en ese periodo solamente contestó una vez, aunque sigue sin cumplir lo aceptado.

Tras ignorar sistemáticamente, primero, las solicitudes del reclamante y después los múltiples escritos remitidos por el Procurador, de nuevo, el Ayuntamiento de Crémenes ha sido incluido en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común en dos apartados diferentes. Por incumplir la obligación de informar y también por no contestar a las resoluciones.

Los incumplimientos se derivan de una denuncia formulada ante el Ayuntamiento en agosto de 2016, relativa a la posible usurpación de un espacio en la localidad de Valdoré mediante el cierre de un terreno de presunta propiedad pública, cuya pertenencia le correspondería al propio Ayuntamiento de Crémenes.

El 13 de diciembre de 2018 el Procurador del Común dictó una primera resolución aceptada por el Ayuntamiento. Dicha resolución nunca llegó a cumplirse, circunstancia que desembocó en la formulación de otras tres resoluciones (28 de abril de 2021, 27 de mayo de 2021 - aceptada pero también incumplida - y 25 de mayo de 2022) en las que, reiteradamente, se instaba al Ayuntamiento a que por parte de los servicios técnicos municipales se llevara a cabo una visita de inspección sobre el terreno, se constatara la ejecución del vallado, se verificara si el mismo se ajustaba a lo dispuesto en la normativa urbanística municipal y, en su caso, se procediera a la incoación y tramitación de los correspondientes expedientes de restauración de la legalidad y expediente sancionador de la infracción urbanística, teniendo en cuenta, además, los plazos prescriptivos vigentes.

Sin embargo, la inacción del Ayuntamiento provocó que el expediente caducara sin haberse llevado a cabo ninguna actividad instructora.

Transcurrido un nuevo periodo de varios meses sin que el denunciante tuviera constancia de investigación alguna por parte del Ayuntamiento, una vez más, se vio obligado a poner en conocimiento del Procurador la situación de parálisis en la que se encontraba el expediente de investigación municipal, circunstancia que provocó la última resolución del Procurador del Común, dictada con fecha 25 de mayo de 2022.

En base a los compromisos en su día adquiridos, derivados de la aceptación de la primera resolución, el Procurador del Común reiteraba la necesidad de que el Ayuntamiento procediera a impulsar decididamente, y hasta su conclusión, el expediente de investigación de oficio, siguiendo para ello el procedimiento establecido en garantía del interés público y de los derechos de todos los ciudadanos afectados.

Insistía también en que “el Ayuntamiento de Crémenes tiene la obligación de dar respuesta expresa a cuantas solicitudes formulen los ciudadanos en petición de aclaraciones o actuaciones municipales y que deberán contestarse en los términos previstos en la legislación sobre el procedimiento administrativo”.

Que, “el derecho a una buena administración en cuanto afecta al caso objeto de la presente queja no está siendo respetado, por lo que no resulta aceptable que el Ayuntamiento de Crémenes esté dificultando la función que le corresponde a la Institución del Procurador del Común como vía específica de defensa de los derechos de todos los ciudadanos, que es lo que está provocando ese Ayuntamiento al no dar respuesta a las solicitudes de información”.

Que, “la lealtad institucional exige la cooperación de las Administraciones en aras del interés superior general y de actuar respetando los acuerdos y cumpliendo los compromisos”.

Que, “en lo sucesivo, el Ayuntamiento de Crémenes cumpla estrictamente con la obligación de auxiliar al Procurador del Común en sus investigaciones en los términos exigidos por la ley”.

Cabe reseñar que el alcalde y el anterior secretario del Ayuntamiento de Crémenes se encuentran inmersos en un procedimiento penal por vulneración de los derechos cívicos, precisamente, por no atender reiteradas solicitudes de información pública y por hacer caso omiso a sendas resoluciones ejecutivas del Comisionado de Transparencia de Castilla y León.

La querella fue presentada el pasado mes de febrero, después de que los encausados ignoraran la vía administrativa para interponer recurso contencioso-administrativo y presentar sus alegaciones, de acuerdo con las resoluciones ejecutivas del Comisionado de Transparencia.

Actualmente el caso se encuentra en la Audiencia Provincial de León, pendiente de resolución de recurso subsidiario de apelación.