Soluciones para deudores en apuros, un salvavidas legal

Ante una crisis económica, tanto las personas como las organizaciones empresariales disponen de mecanismos legales para hacer frente a su falta de liquidez e insolvencia financiera, evitando perder la totalidad de su patrimonio y brindando la mejor solución posible para cumplir con los acreedores. De la mano de abogados especialistas en materia concursal, las partes intervinientes recibirán un servicio de asesoría y serán guiadas en el proceso, de la manera más conveniente.

Empresas al borde del abismo: concurso de acreedores

Ante una situación de insolvencia experimentada por una persona jurídica, la ley establece un procedimiento judicial a seguir que se podrá llevar a cabo mediante el asesoramiento profesional de un despacho de abogados para concurso de acreedores en Zaragoza, como mecanismo de protección para los intereses de los acreedores. La resolución de este proceso comporta una serie de efectos personales y patrimoniales para las partes involucradas, así como sobre los contratos y actos que los vinculan.

Cuando una empresa se encuentra en un estado financiero crítico, que provoca que no posea la liquidez necesaria para afrontar sus obligaciones, debe acreditar esta condición de insolvencia ante la justicia, que determinará la eventual declaración de concurso de acreedores y la adopción de medidas cautelares, designando un administrador que guiará el proceso, con el fin de asegurar que ningún acreedor resulte beneficiado en detrimento de otro.

Este instrumento provisto por la ley permite frenar las ejecuciones de bienes y evitar que continúen sumando intereses y embargos, así como permite obtener importantes reducciones en las obligaciones existentes. También abre la posibilidad para el empresario de dar continuidad a sus actividades cuando resulte viable y mantener las posibilidades de trabajo.

Comenzar desde cero: Ley de segunda oportunidad

También existen recursos legales que permiten a las personas físicas la cancelación de deudas mediante la actuación de unos abogados Ley de Segunda Oportunidad en Zaragoza que acompañan al deudor en apuros a través dos mecanismos: los acuerdos extrajudiciales y el conocido como Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, con el fin de evitar que su situación de crisis se prolongue de manera indefinida y pueda reorganizar su situación financiera y reincorporarse a la vida comercial.

La primera solución ofrecida por esta ley consiste en la reunión de deudores y acreedores conjuntamente con un mediador designado, con el fin de negociar un plan de pagos para la cancelación de las obligaciones dentro de un calendario determinado, a través de lo que se conoce como acuerdo extrajudicial. Con este instrumento, el deudor podrá acceder a quitas y esperas, así como a razonables condiciones de pago.

El acuerdo final resuelto entre las partes será plasmado en el Boletín Oficial e inscrito en el correspondiente registro y, de persistir la imposibilidad de pago por parte del sujeto obligado, el mediador podrá solicitar la apertura del concurso consecutivo y la aplicación del BEPI.

La solución del BEPI

Superada la instancia de acuerdos extrajudiciales sin que el deudor consiga satisfacerlos, la Ley de Segunda Oportunidad permite el inicio de un concurso consecutivo, con el fin de que la autoridad competente disponga de la liquidación ordenada del patrimonio del deudor, excluyéndose de ésta a las sumas adeudadas en concepto de alimentos y tributos públicos.

Aquí surge esta segunda solución ofrecida por la Ley de Segunda Oportunidad, denominada Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), e importa la eventual condonación del pasivo insatisfecho tras la culminación del concurso consecutivo y liquidación patrimonial, tomando como premisa la presunción de la buena fe de la persona del deudor y evitando las consecuencias del principio de universalidad del patrimonio respecto de las deudas contraídas.

Representa la figura análoga al Concurso de Acreedores, al que se someten las personas jurídicas, y tiene por finalidad dar fin a la reclamación de los acreedores, quienes podrían reclamar de por vida al deudor como persona física, dado que éste no desaparece como sí sucede con las personas jurídicas al procederse a su liquidación. El BEPI será solicitado en el juzgado correspondiente mediante un abogado especializado en materia concursal.