La población de osos en León y Asturias supera los 200 ejemplares

Castilla y León registró 1.908 episodios de envenenamiento desde el año 1992 que ha supuesto la muerte de 4.343 animales silvestres, en su mayoría aves rapaces. Así lo ponen de manifiesto WWF y SEO/BirdLife, que este jueves presentaron el informe ‘El veneno en España (1992-2013)”, realizado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, que analiza los efectos del uso ilegal de cebos. Ambas organizaciones denunciaron que el aldicarb, prohibido en la UE, está detrás de seis de cada diez casos en la Comunidad.

Datos que se conocieron gracias a los 2.757 hallazgos en Castilla y León, casi una cuarta parte del total de España (11.511) y a los cebos encontrados, 396. El informe desvela 8.324 episodios de envenenamiento en el conjunto de España, con la desaparición de 18.503 animales. Estos ejemplares hallados llevan a un ratio de 2,28 animales por cada episodio, cuando la media nacional es de 2,22.

Sin embargo, las ONG estiman que esta cifra podría llegar a los 185.000 ya que, según las especies, entre el 85 y el 97 por ciento de los animales envenenados no se encuentran por ningún lado. Además, alertaron de la facilidad de acceso al veneno por falta de un sistema de gestión adecuado de muchos pesticidas o por su tráfico clandestino, por lo que reclamaron a las administraciones que, además del uso, penalice también la tenencia de sustancias tóxicas ilegales y trabaje en el fomento de la sensibilización.

Tanto en España como en Castilla y León, el mayor número de animales envenenados corresponde al grupo de las aves rapaces, con una tercera parte, seguido de mamíferos domésticos. Continúa el grupo “otras aves”, con especies como abejarucos o cigüeñas; los carnívoros terrestres, principalmente zorros; palomas y córvidos; y mamíferos silvestres (con especies como jabalíes, conejos o libres). “Esto demuestra que el veneno es una herramienta muy poco selectiva, que afecta a una gran variedad de especies de diferentes grupos faunísticos”, denunciaron las organizaciones. El 63 por ciento de todos los animales envenenados se ha encontrado en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Así, de entre la fauna silvestre con mayor peso en la Comunidad, los datos son preocupantes en el caso del águila imperial. Entre 1990 y 2015 se recopiló información sobre el envenenamiento de 167 ejemplares en España, de los que 33 se hallaron en Castilla y León, repartidos entre Ávila (16), Segovia (15) y Valladolid (2). Se produjo un mayor número de hallazgos en marzo, junio y noviembre. Los meses de primavera podrían coincidir con el incremento de venenos de tipo cinegético en muchas áreas de presencia de la especie. Las águilas imperiales se han envenenado principalmente con carbamatos (69 por ciento), seguido de estricnina (16) y organofosforados (11 por ciento).

En cuanto al buitre negro, el periodo de estudio arroja una cifra de 609 buitres negros envenenados en el conjunto del país. Castilla y León presenta el tercer dato más alto, con 133 ejemplares muertos, por debajo de Andalucía (177) y Castilla-La Mancha (159). Sin embargo, si nos ceñimos únicamente al periodo 2005-2015, es Castilla y León la que tiene más registros, con 67 individuos. En total de los 133, en Ávila se hallaron 59; en Segovia, 51; en Salamanca, 14; cuatro en Valladolid; y uno en León, Palencia, Soria, Zamora y Burgos.

Castilla y León es, en esta línea, la comunidad donde se han localizado más ejemplares envenenados de alimoche, con 87, seguida de Aragón (70). En total, en el periodo de estudio se han contabilizado 305 en España. De hecho, el envenenamiento es la primera causa de mortalidad de la especie. Por provincias, en todas ellas se registró algún caso de 1992: 21 alimoches se hallaron en Burgos, 19 en Segovia, 14 en Soria, nueve en Palencia, ocho en Zamora, seis en Salamanca y León y dos en Ávila y Valladolid.

En los 25 años de estudio se obtuvieron datos del envenenamiento de 1.187 milanos reales, también primera causa de mortalidad no natural conocida para esta especie. Casi seis de cada diez se encontraron en Castilla y León, con 677 ejemplares. Valladolid se llevó la peor parte, con 201 milanos reales, seguida de Burgos y Segovia, con 104 en cada caso. A continuación figuran Ávila, con 69 aves de esta especie envenenados, Zamora, con 65 y Salamanca, con 59. Por último, se encontraron otros 47 en Palencia, 21 en Soria y seis en León.

El buitre leonado es otro de los grandes perjudicados por esta causa de muerte. En España, el periodo 1990-2015 se han recogido datos de 1.656 envenenados. Es la especie con mayor número de ejemplares encontrados, distribuidos por casi todo el territorio. A nivel nacional, Burgos y Soria son las provincias con mayor cantidad de individuos envenenados, con 258 y 163, respectivamente. En el total regional se computan 715. Así, además de en Burgos y Soria se encontraron 109 leonados en Segovia, 55 en Palencia, 52 en Salamanca, 32 en Valladolid, 23 en Ávila, 22 en León y uno en Zamora.

Por otro lado, también se han detectado 118 casos de envenenamiento de lobos en el territorio nacional, aunque la mitad prácticamente corresponde a Castilla y León, con 60. Con la necesidad de un análisis más profundo por una especie que cuenta con una imagen deteriorada en el medio rural por la confrontación con la ganadería, se contabilizan 16 casos en León, 13 en Valladolid, nueve en Palencia y en Burgos, siete en Zamora, tres en Segovia y uno en Soria, Salamanca y Ávila.

Por su parte, la población cantábrica de osos continúa en peligro, con dos subpoblaciones conectadas pero con problemas de conservación y evolución diferentes. Mientras que en la zona occidental (Asturias y parte en León) la población crece y supera los 200 ejemplares, en la zona oriental (Palencia y León) no consigue remontar y se barajan cifras de entre 30 y 40 individuos.

Esta situación parece indicar una mortalidad “elevada y en parte desconocida que, a juzgar por los antecedentes”, señalan las dos organizaciones, “tendría al veneno como una de sus principales causas”. En los últimos 15 años han aparecido 10 osos muertos en la zona oriental, cuatro de ellos con envenenamiento confirmado y dos más pendientes de análisis toxicológicos o no realizados (el 40% son muertes confirmadas por veneno), y se admite de forma generalizada que solo se encuentran parte de los animales envenenados.

Por provincias, las muertes se reparten en el ámbito de distribución de la especie, con tres en León y cinco en Palencia, si bien en la última década se concentran únicamente en estas dos provincias. En cuanto a la época del año, destacan los meses de abril, mayo y septiembre. En los tipos de tóxicos, junto a los carbamatos (89 por ciento), aparece la estricnina (11 por ciento).

WWF y SEO/BirdLife ponen a Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía como ejemplos de aplicación eficaz de normativa administrativa (distinta de la sanción de la autoría) con resoluciones confirmadas por los respectivos tribunales superiores de justicia. Al respecto, son “destacables” las suspensiones de la actividad cinegética en cotos de la Comunidad en casos de envenenamiento de fauna, fundadas en la disposición de la orden anual de vedas, destinada a prevenir los daños que puedan ocasionarse a la riqueza cinegética o por otras razones de orden bioecológico.

Desde 2008, en la Comunidad se han aplicado en tres ocasiones reducciones de las ayudas agrarias de la UE por incumplimiento de la ecocondicionalidad en casos de utilización de cebos envenenados, según el informe.

Entre las conclusiones, las dos organizaciones consideran que los datos de evolución de casos por años evidencian que el último periodo de crisis económica ha podido influir en la disposición de medios para la lucha contra el veneno, “registrándose un falso descenso de los envenenamientos y, desde luego, una disminución en la detección de sustancias porque se han analizado menos casos”.

En algunas regiones se ha constatado un claro descenso en el esfuerzo de búsqueda. Mientras Andalucía y Aragón han analizado todos los casos con indicios de intoxicación en los últimos años, Castilla-La Mancha y Castilla y León solo analizaron una parte.

Fuente: Agencia Ical

Fotografía: Archivos