Impunidad calculada del alcalde de Crémenes

El Consejo de Cuentas ha instado a las Cortes de Castilla y León para que se realicen las oportunas modificaciones legislativas que le doten de los instrumentos coercitivos necesarios para solventar situaciones como la planteada en el Ayuntamiento de Crémenes por no rendir sus Cuentas Generales.

Sabido es que, en los últimos años, la transparencia en el Ayuntamiento de Crémenes brilla por su ausencia. Basta con visitar su abandonado “Portal de Transparencia” para tomar conciencia de ello. Por extensión, si alguien decide indagar en el Portal de Rendición de Cuentas (que para eso está) sobre la presentación de las Cuentas Generales del Ayuntamiento en los últimos años, podrá comprobar que todavía no se ha presentado ninguna rendición correspondiente a los cuatro últimos ejercicios, o lo que es lo mismo, correspondiente al “periodo de reinado” del actual alcalde.

Desde las últimas décadas del siglo pasado, el Ayuntamiento de Crémenes cuenta de forma permanente con secretario-interventor y personal en tareas administrativas, circunstancia que no ha estado al alcance de todos los municipios leoneses de parecidas características. 

Sin embargo, esa carencia de recursos de algunos consistorios no ha impedido que la mayoría de ellos estén al día en la presentación de sus Cuentas y Presupuestos Generales, así como en la información de relevancia en los portales de transparencia.

Salvo incapacidad manifiesta de alcalde y secretario-interventor, que no me corresponde a mí determinar, una de las hipótesis más plausibles respecto a la sombra que se proyecta sobre la actividad económico-financiera del consistorio, es que el máximo responsable del Ayuntamiento de Crémenes sabe que, frente a su opacidad y falta de colaboración con el Consejo de Cuentas, a dicho organismo solo le queda transigir con su calculada impunidad.

Así pues, nos encontramos ante un alcalde que, ni respeta las instituciones ni, por supuesto, respeta los derechos de la ciudadanía del municipio de Crémenes.

Resulta desolador comprobar que, tras haber sido denunciada ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León la opacidad del Ayuntamiento de Crémenes, su respuesta, en síntesis, se limite a declarar que (cito textualmente) “el Consejo de Cuentas ha ejercido las competencias que actualmente su Ley reguladora le reconoce. Se ha dirigido al Ayuntamiento reiteradamente para que cumpla con su obligación legal; se ha dejado constancia de los incumplimientos en los sucesivos informes presentados ante las Cortes de Castilla y León; se ha comunicado al Tribunal de Cuentas la situación para que pueda ejercer las retenciones contempladas en el Art 36.1 párrafo segundo de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; y se ha instado a las Cortes de Castilla y León para que se realicen las modificaciones legislativas necesarias que le doten de los instrumentos coercitivos necesarios para solventar esas situaciones”.

Por cierto, los únicos “represaliados” hasta el momento por los citados incumplimientos del alcalde de Crémenes, somos los vecinos y contribuyentes del municipio, que durante once meses consecutivos hemos padecido las retenciones que Hacienda ha llevado a cabo de los tributos que le correspondían al ayuntamiento.

Así las cosas, no es de extrañar que ya en el año 2013 el propio Gobierno incluyera en el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas la propuesta de supresión de los OCEx (órganos de control externo autonómicos), argumentando que la normativa reguladora de los mismos, así como el presupuesto destinado a mantener su estructura (más de 45 millones de euros anuales por aquel entonces), no justificaban su existencia frente a los exiguos resultados de eficacia que se estaban obteniendo.

En consecuencia, cabe recordar a las Cortes de Castilla y León que, mientras no se dote al Consejo de Cuentas de los instrumentos coercitivos necesarios para que alcaldes oscuros, como el de Crémenes, depongan su labor obstructiva al control de las cuentas públicas, lo único que se está consiguiendo es fomentar el agravio que se produce hacia las entidades locales que sí atienden su obligación de rendir las cuentas generales en tiempo y forma.

Fuente: Luis Carlos García

Fotografía: Ayuntamiento de Crémenes y Consejo de Cuentas